Sánchez logró el sí del PNV por 26,6 millones

Sánchez restableció una subvención de 26,6 millones al Gobierno vasco tras obtener el apoyo del PNV a la moción de censura El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el 3 de agosto de 2018, mediante real decreto, una subvención de 26,6 millones de euros destinada al Ejecutivo vasco.  Esta partida ya figuraba en los Presupuestos Generales del Estado de ese año, elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero fue eliminada posteriormente por el Partido Popular a través de una enmienda en el Senado, tras la moción de censura que desalojó a Rajoy de La Moncloa. Una de las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo socialista fue recuperar esa concesión económica, en respuesta a una demanda histórica del PNV relacionada con la financiación de Hobetuz. La fundación vasca dedicada a la formación profesional. Para justificar la medida, el Gobierno de Sánchez alegó "razones de interés público y social de primer orden". La UCO rastrea el destino de las 'mordidas' en el extranjero Las investigaciones del caso Cerdán avanzan centradas en la presunta financiación ilegal del PSOE y el destino en el extranjero de las comisiones. Fuentes cercanas al caso han confirmado a El Debate que los investigadores han puesto el foco en dos empresas presuntamente beneficiadas por adjudicaciones irregulares. Obras Públicas y Regadíos, S.A., vinculada a Fernando Merino —directivo de Acciona en Navarra y socio de Santos Cerdán—, y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Propiedad de José Ruz, imputado por la UCO. Esta última tiene delegaciones en Panamá, Argelia y Armenia, países que se investigan por posibles desvíos. Se examinan tanto contratos adjudicados directamente como aquellos canalizados a través de Uniones Temporales de Empresas (UTE), una fórmula habitual en este tipo de tramas. Por otro lado, la UCO sigue una línea en Marruecos. A petición de los agentes, el Tribunal Supremo ha requerido al Bank of Africa —con sede en Casablanca y vínculos con Mohamed VI— datos sobre una cuenta relacionada con la trama de Ábalos y Cerdán. En total, se investigan 479 cuentas en 35 entidades, una docena de ellas en el extranjero.