Leire Díez reconoce los audios sobre la UCO

Comenzamos con la información de este martes 27 de mayo contándoles que Leire Díez, exconcejala socialista y actual militante del PSOE, ha reconocido su participación en una reunión donde intentó obtener información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO de la Guardia Civil.  Sin embargo, niega rotundamente haber actuado por encargo del Partido Socialista y asegura que "era un trabajo de investigación" periodística. Díez, conocida como "la fontanera" del PSOE y mano derecha de Santos Cerdán, participó en febrero en una videoconferencia junto al abogado Jacobo Teijelo y el empresario Alejandro Hamlym.  Durante la conversación exploraron vías para conseguir material contra Balas, quien lidera investigaciones sensibles como los casos que afectan a la esposa y hermano de Pedro Sánchez, el caso Koldo y las pesquisas sobre el fiscal general.  Aunque reconoce su militancia socialista y que llevaba más de un año reuniendo información sobre figuras contrarias al Gobierno, Díez insiste en que no recibió instrucciones de Ferraz y que actuaba como periodista. Continúan saliendo audios de la reunión entre Leire Díez y Hamlyn Una investigación ha destapado cómo Leire Díez, la "fontanera" del PSOE, ofreció beneficios judiciales a un empresario imputado a cambio de información contra la UCO.  Tal y como hoy publica The Objective, en una reunión por videoconferencia, Díez prometió al empresario Alejandro Hamlyn que le conseguiría un acuerdo con la Fiscalía si proporcionaba material comprometedor sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO. Díez le aseguró que podía "sentarle con la Fiscalía" y que "los fiscales también se mueven" para viajar hasta Dubái, donde se encuentra Hamlyn.  El empresario, investigado por un fraude de 154 millones de euros, exigía garantías por escrito antes de colaborar. En la conversación también participaron el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, quienes ofrecieron "un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía" muy favorable.  El objetivo era conseguir información para "desmontar todo el entramado" de los mandos de la Guardia Civil que investigan los casos de corrupción que afectan al Gobierno.