Memoria histórica

El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la nueva Ley de Memoria Histórica, que sustituye a la aprobada por el Gobierno Zapatero en 2007. No hay que ser adivino para anunciar una escandalera política mayúscula, siguiendo la tradición de rechazar cualquier revisión de nuestro pasado bajo la acusación de que resucita antiguos odios por espíritu de revancha. Esta fue la victoria póstuma de la dictadura. Convencer a grandes capas de la población de que intenta reparar las consecuencias más lacerantes del franquismo era antipatriótico. Que lo patriótico era darlas por buenas y oficializarlas. Por esto arrastramos el vergonzoso lastre de viejas asignaturas pendientes que otros países han sabido superar con buena nota.La nueva ley es ambiciosa y muy extensa. Alcanza a todos los territorios del olvido con mirada panóptica. No queda ni un lugar sin escrutar su justicia represiva porque ilegitima sus tribunales y sus resoluciones, suprime sus títulos nobiliarios, revoca sus condecoraciones policiales y el mayor seísmo de todos, pretende abrir investigación sobre las incautaciones económicas y los bienes expoliados por razones políticas e ideológicas. Precisamente en la amplitud del objetivo vemos su mayor debilidad porque ofrece un flanco antiquísimo a una catarata de recursos, alegaciones y pleitos. Podría ahogar la ley en un mar de papeleo con un ejército de abogados movilizados en su contra.